La carretera citada, cuyo coste de reparación asciende a 486.359.77 euros, compete a este municipio de menos de 1.000 habitantes. Dada esta situación la Diputación y la Junta de Andalucía se niegan a reconocer su condición de carretera, alegando que es un camino rural, y no han mostrado voluntad de asumir su titularidad ni de establecer convenio alguno para su reparación como la carretera que es. Por lo tanto la única salida del Ayuntamiento de Lupión sería establecer un peaje a quienes transiten por dicha vía, para poder sufragar su mantenimiento.
Esta Plataforma entiende que dicha actitud de la administración autonómica y la Diputación provincial dista mucho de ser ejemplar para los contribuyentes y los votantes que sostienen a sus gestores.
El 5 de Mayo de 2008 la Diputación de Jaén dictó la Resolución del proyecto, que había encargado, de mejora y acondicionamiento del “Camino Rural” Lupión – Guadalimar, sabiendo que al remitir el proyecto a la delegación de Agricultura de la Junta para acogerse a la convocatoria de caminos rurales, sería desestimado por aparecer asfaltado. En dicha resolución, y por ser catalogado como “camino rural” la Diputación se comprometió a hacerse cargo de 194.543,91 euros, que es la parte de coste que no subvencione la Junta, “haciendo partícipe al Ayuntamiento titular de la infraestructura agraria mediante convenio de colaboración”. Además, la Diputación se había comprometido a estudiar “en el marco de las relaciones que Diputación tiene con la Junta quien de las dos administraciones asume la competencia”. Hasta ahora no se ha materializado dicha voluntad en ninguno de los dos puntos.
Por su parte, el delegado de Agricultura de la Junta no se quiere hacer cargo, esgrimiendo que en el proyecto la vía aparece como asfaltada y es el Ayuntamiento de Lupión la administración que debe abonar el 100% del coste, porque aún no han transcurrido 15 años desde que fue reparada. Es más, este servidor de la administración sevillana conminó a los agricultores de Lupión a costear las obras.
La Plataforma por Andalucía Oriental mantiene su apuesta por una administración menos costosa para el ciudadano, con la desaparición de delegados provinciales de la Junta mediante el traspaso hacia las diputaciones de numerosas competencias que ahora ejerce la lejana Junta andaluza. Pero las diputaciones deben ser leales a los ciudadanos y los ayuntamientos que las forman.